Bernard Thibault (OIT): “Las multinacionales deben ser más transparentes sobre la manera en la que protegen los derechos sociales de los trabajadores”

publicado el 14 Mayo 2019
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Bernard Thibault, OIt, Trabajo, Protección de los derechos sociales de los trabajadores.
Con motivo del centenario de la Organización Internacional del Trabajo y de la conferencia organizada por la AFD y la OIT el próximo 24 de mayo, Bernard Thibault, ex líder de la CGT (Confederación General del Trabajo), y hoy miembro del Consejo de Administración de la OIT, da un repaso a los avances realizados en estos cien años en el terreno de los derechos sociales, pero también evoca los grandes proyectos que han quedado inconclusos en el camino para garantizar un empleo decente para todos.
¿Qué es un empleo decente? 

Bernard Thibault: Antes que nada, se trata de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, es decir un salario decente, la garantía de acceder a un sistema de protección social (78 por ciento de la población mundial carece de esta protección), así como el derecho de asociación. Estos criterios pueden parecer demasiado vastos, pero en realidad están muy lejos de cumplirse ya que, a nivel mundial, 60 por ciento de los empleos se generan en el sector de la economía informal.


¿Cómo evalúa los avances realizados en estas últimas décadas?

Sin lugar a duda, hemos logrado que la pobreza extrema retroceda; también se han erradicado algunas pandemias. Sin embargo, el fenómeno que me llama la atención es la extrema inestabilidad de la relación laboral. El derecho a un empleo está muy lejos de ser una realidad: la OIT estima que es necesario crear 190 millones de empleos para lograr reducir el desempleo mundial, sin contar los 344 millones de empleos que se requerirán, de aquí a 2030, para satisfacer la evolución demográfica…

Más allá de la cantidad de empleos, que resulta insuficiente, es necesario plantearse el problema de su calidad: Se observa una tendencia real hacia la precarización laboral, hacia la acumulación de pequeños trabajos que también alteran la noción de empleo decente, ya que no puede haber un empleo decente sin cierta seguridad.

Es una tendencia mundial: obviamente, algunas regiones del planeta se ven especialmente afectadas ya que el empleo informal es mayoritario (68 por ciento en Asia-Pacífico, por ejemplo). En esas zonas existe una precariedad efectiva ya que carecen de toda codificación laboral, pero también en países que se consideran como ‘desarrollados’ se está registrando un aumento de la inestabilidad y de la precariedad.
 

¿En qué medida el derecho a un empleo decente condiciona los demás derechos?

El empleo está estrechamente relacionado con la ciudadanía desde el momento en el que, como lo afirma la OIT, se le establece como una condición del respeto a la dignidad del trabajador. Por cierto, basta con observar la geografía mundial para constatar que las regiones con una mayoría de trabajadores en extrema precariedad corresponden a las zonas en donde la democracia no avanza.

El mismo fenómeno se observa en lo que toca a la igualdad de género: en las zonas en donde las mujeres tienen un acceso restringido al empleo también se limitan sus demás libertades. El acceso a un empleo decente genera autonomía y seguridad para las mujeres, y por lo tanto condiciona los demás derechos. Además, recordemos que el empleo garantiza el acceso a la protección social, lo cual también es fundamental para la dignidad de las personas.


¿Qué papel pueden desempeñar las empresas, y en especial las multinacionales, para fortalecer los derechos sociales de los trabajadores?

En nuestra actual configuración, las decisiones de algunas grandes multinacionales tienen mayor impacto sobre la economía mundial que las decisiones de los Estados; ahora bien, el derecho social internacional se basa de manera exclusiva en la capacidad de los Estados para aplicarlo. Es una verdadera paradoja.

Por consiguiente, el objetivo sería completar la acción de los Estados con un mecanismo ideado a nivel internacional -específicamente en la OIT- con el propósito de ayudar, de controlar y de asesorar a las empresas. Sería algo mucho más eficiente que los actuales mecanismos de responsabilidad social empresarial, ¡que tienen un carácter voluntario!
 

¿Cómo convencer a las multinacionales de involucrarse todavía más en la defensa de los derechos sociales?

Ya es tiempo de poner en práctica esa idea de sancionar a las multinacionales que no respeten la Carta de la OIT en toda su cadena de valores. Edificamos el derecho, pero sin fijarle un régimen de sanciones, lo cual no tiene sentido. Actualmente, las multinacionales se encuentran en una situación muy cómoda: participan en la elaboración del derecho internacional sin tener que rendir cuenta alguna sobre su aplicación. 

Es necesario crear ese contexto público que las obligará a cambiar. A partir de criterios distintos a los que prevalecen actualmente, se debe incitar a las empresas a transparentar la manera en la que protegen los derechos sociales de los trabajadores. La lucha promete ser difícil, la mayoría de los Estados miembros de la OIT no están dispuestos a plantearse ese cambio.

Con la ley sobre la obligación de vigilancia, que se aprobó en 2017, Francia puso el ejemplo, aunque no será suficiente si los demás países no se implican también en ese sentido. Además, las propias empresas están tomando conciencia, poco a poco, que es necesario transparentar sus prácticas en su red maquiladora para preservar su reputación. Lo probó la repercusión mundial que tuvo el drama del Rana Plaza.

Hemos creado un sinnúmero de reglas para el comercio internacional, pero ninguna enfocada al aspecto social. Pienso que esto puede cambiar bajo presión de los consumidores.
 

¿Qué soluciones inmediatas habría que aplicar?

Si tuviera capacidad para legislar a nivel internacional, crearía un sello internacional, bajo responsabilidad de la OIT, que permitiera a todo consumidor conocer las condiciones sociales en las que tal o cual producto se ha fabricado, se ha elaborado, se ha transportado y se ha distribuido. Lo cual permitiría que los consumidores valoraran la actitud de las empresas con relación a los productos que distribuyen comercios y cadenas de autoservicio.

Luego, debería garantizarse mejor la libertad de asociación de los trabajadores: muchas libertades se generan a partir de este primer derecho: en países en donde se silencia a los trabajadores, no pueden intervenir en ningún tema. Reconocer a los trabajadores su derecho de asociación para expresarse en forma colectiva condiciona muchas cosas.
  
Por último, es imperativo que las empresas sean más transparentes sobre la manera en la que protegen - o no - los derechos sociales de los trabajadores, y que conciban, con ese objetivo, una reglamentación realmente restrictiva.
 

A pesar de todo, ¿es optimista?

Actualmente no soy nada optimista sobre la capacidad de los Estados para tomar en consideración otros enfoques, o bien otras opciones, para defender una visión del mundo compartida y un futuro común coherente en torno a la justicia social. A nivel político, se observa más bien una tendencia hacia un nacionalismo estrecho y peligroso… El número de países centrados únicamente en sus propios intereses aumenta; ¡el multiculturalismo se está cuestionando efectivamente! Por ejemplo, en la OIT, desde las recientes elecciones en Brasil, la actitud de este país -que es un país importante- ya no es la misma.

Sin embargo, sigo teniendo esperanza, porque la acción sindical es un asunto de optimismo. También porque todo esto es cuestión de decidirlo: esta situación no nos cayó del cielo, es la consecuencia de decisiones que se pueden revisar.
 


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