Cecilia Poggi: “Es fundamental poder garantizar una protección social para los trabajadores del sector informal”

¿Cómo se puede definir el empleo informal? ¿Y por qué plantea tantos problemas metodológicos?

El empleo informal se caracteriza generalmente por la falta de protección social (principalmente de seguro médico) o por la falta de un contrato laboral escrito (pero este criterio se puede aplicar únicamente a los empleados y por consiguiente es más restringido que la protección social). La falta de concordancia entre todas las definiciones prueba lo difícil que resulta comprender el fenómeno en toda su diversidad. Podemos adoptar el método propuesto por Jacques Charmes (2012), que diferencia tres niveles de informalidad:

• Empleo en el sector informal= individuo empleado de manera informal o formal en una empresa informal;
• Empleo informal= individuo empleado de manera informal en una empresa informal o en una empresa formal;
• Empleo en la economía informal= individuo empleado de manera informal en una empresa informal o formal + individuo empleado de manera formal en una empresa informal. 

Sin embargo, la buena noticia es que, gracias a la 20.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), en el futuro la configuración de la recolección de datos va a mejorar de manera importante, lo que nos permitirá, a nosotros actores del desarrollo, medir con mayor precisión el trabajo no remunerado, la economía del cuidado y más ampliamente las distintas formas de trabajo femenino no formal o atípico.

¿Representa el sector informal una manera de “regular” las disfunciones del empleo en el sector formal? ¿Y por qué las mujeres se ven tan ampliamente afectadas?

Diría más bien que existe una cierta complementariedad entre empleo formal e informal. La informalidad no depende únicamente de decisiones individuales (no registrar su actividad laboral). También puede darse el caso de una actividad que cayó en la informalidad. La mayoría de las veces, son reglamentaciones o políticas de manejo de la producción, de los servicios o de uso de los espacios públicos las que conducen a los individuos hacia el sistema informal. Puede tratarse de trabajadores jornaleros ocasionales, de trabajadores pagados a destajo, generalmente a domicilio, de maquiladores… Por lo general, son relaciones laborales más bien flexibles y precarias. Pero también puede tratarse de trabajo parcialmente informal, como es el caso de las personas que proponen sus servicios (“gigs”) en plataformas digitales.

En cuanto a las mujeres, en efecto, siguen siendo mayoritarias en algunos sectores informales. Lo cual se debe a que ejercen formas de trabajo difíciles de censar (apoyo ocasional a la empresa familiar) o bien a tareas no remuneradas (trabajo de cuidados). Por ahora, el verdadero problema reside en la falta de reconocimiento institucional de los trabajadores a domicilio como de los trabajadores domésticos, pero también de los recuperadores de materiales o de los vendedores ambulantes, todos ellos trabajos con alta participación femenina. Para atender plenamente esta realidad, todavía queda mucho que hacer en materia de políticas públicas destinadas al sector laboral y a la protección social.

Ante esta realidad del empleo informal, ¿cuál debe ser la tarea y cómo debe posicionarse la ayuda al desarrollo -y en específico agencias como la AFD?

Para mejorar las condiciones del trabajo informal en un contexto de importantes mutaciones -tanto económicas como medioambientales- es fundamental garantizar una protección social universal y respaldar políticas que favorezcan formas de trabajo digno, sean formales o no. Es necesario apoyar esas transiciones en lugar de contentarse con “formalizar” simplemente esos oficios.

Para ser más precisa, pienso que extender el seguro médico y los instrumentos de un sistema de protección social a los trabajadores informales y a sus hogares permitiría superar muchos problemas de desarrollo humano (acceso de esas poblaciones a cuidados de salud, a empleos de mejor calidad, a un apoyo más eficiente ante situaciones adversas), pero también de desarrollo económico (mejor productividad), y por último mejoraría el financiamiento de la solidaridad nacional (de manera que cada individuo contribuya en función de sus recursos para que todos tengan acceso a las prestaciones que requieren). El financiamiento de tal extensión dependerá de la estructura fiscal de los Estados, de la participación del sector privado en el diálogo social y de los representantes de los gremios profesionales. De esa manera, entrará en funcionamiento un mecanismo en el que los financiadores internacionales pueden desempeñar una labor de asesoría fundamental.

Las iniciativas para apoyar el trabajo productivo y adecuadamente remunerado, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para los hogares, la libertad para los individuos de organizarse y de participar en las decisiones que afectan su vida (incluyendo la igualdad de género y de tratamiento) se apegan totalmente a los compromisos de la AFD “100% Acuerdo de París y 100% vínculo social”.
 

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