En 2013, México emprendió una vasta reforma en materia de transición energética con el objetivo de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir el costo de la producción de electricidad y reducir la dependencia a las energías fósiles en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda energética hacia 2050. Esta reforma implica una reorganización del sector y un fuerte compromiso a favor de las energías renovables. Estos objetivos fueron reafirmados de forma ambiciosa durante la COP 21 en París.
A través de dos préstamos de políticas públicas, la AFD apoya al gobierno mexicano en la implementación de la reforma, tanto a nivel del marco regulatorio que permita la liberalización del sector eléctrico, como a nivel de políticas de eficiencia energética o de promoción de energías limpias como la geotermia de baja y media temperaturas. La AFD promueve el diálogo al poner en contacto funcionarios mexicanos con sus homólogos franceses en el marco de un programa de cooperación técnica diversificado.
Una acción particularmente relevante consiste en la puesta en marcha de un diálogo interministerial entre la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre escenarios de transición energética (p.e. introducción de un impuesto al carbono por 100 dólares/tCO2) y sus impactos macroeconómicos por la economía mexicana gracias a un modelo de equilibrio general desarrollado por el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas.
Este proyecto contribuye al cumplimiento de los plazos ambiciosos de la reforma energética y al respeto de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París al reforzar las capacidades institucionales de la Secretaría de Energía y el intercambio de experiencias con sus homólogos franceses.
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