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Conforme a los últimos documentos que enmarcan la intervención de la AFD en América Latina, la estrategia para el 2014-2018 debe conciliar el desarrollo y la lucha contra el cambio climático, con un mandato de intervención estrechamente unido a los retos del desarrollo urbano. El contrato de objetivos y medios 2014-2016 indica que “la AFD, por su acción, contribuye a la influencia económica de Francia para favorecer la implementación de un ecosistema favorable para las empresas francesas, cumpliendo su mandato a favor de la solidaridad y necesidades de los países aliados”. El marco de intervención regional para América Latina precisa que “mediante el apoyo a la elaboración y financiamiento de políticas públicas, se trata de incentivar en los países una evolución hacia un modelo de crecimiento más sobrio en recursos naturales, menos generador de gases de efecto invernadero y más equitativo, en particular gracias al fortalecimiento de la demanda interna y mecanismos de protección social”. Con relación a estas orientaciones y frente a los grandes retos de desarrollo que debe enfrentar Colombia, la AFD dirige su acción hacia la finalidad siguiente: acompañar las políticas nacionales verdes y solidarias, así como el desarrollo sostenible de los territorios. Se trata de financiar el desarrollo a nivel nacional y territorial, acompañando políticas públicas o proyectos llevados a cabo por el Estado o los entes descentralizados (entidades territoriales, empresas públicas, bancos de desarrollo), que contribuyan a la protección del medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático y a la inclusión social.

Para lograr este propósito, la AFD se fija tres objetivos operativos:
• Favorecer la convergencia y el desarrollo sostenible de las ciudades y territorios
• Promover las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático
• Acompañar las políticas de cohesión social y de reducción de desigualdades

Para llevar a cabo estos tres objetivos se desplegarán cuatro tipos de actividades:
• Apoyar políticas que estructuren los territorios
• Promover la eficacia energética y las energías renovables
• Contribuir a la gestión sostenible de los recursos naturales y ecosistemas
• Acompañar el mejoramiento y modernización de los servicios públicos
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