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Cualquier persona o grupo de personas afectadas desde un punto de vista ambiental o social por un proyecto financiado por la AFD puede presentar un reclamo a través de este mecanismo.

La gestión del mecanismo es responsabilidad de un secretariado independiente de la Dirección Ejecutiva de Operaciones y su supervisión está a cargo del consejero de ética de la AFD. En distintas etapas del tratamiento de los reclamos se puede solicitar la intervención de expertos exteriores, de acuerdo con el procedimiento que se describe en el reglamento.

 

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