Para afrontar el crecimiento de la demanda nacional y las ambiciones de exportación de electricidad hacia los países vecinos, Bolivia se ha embarcado en una estrategia de transición energética y ha desarrollado un plan ambicioso de expansión del sector para: aumentar su capacidad instalada en más de 4 000 MW hasta el 2025; y diversificar el mix energético relacionado con la electricidad, desarrollando energías renovables, particularmente provenientes de fuentes hidroeléctricas, pero también eólicas, solares y geotérmicas.
Con el fin de apoyar esta política de transición energética, es necesario actualizar el marco reglamentario e institucional boliviano, desarrollar herramientas sólidas para la planificación de las inversiones, el análisis del sector y establecer mecanismos de financiamiento viables e innovadores, mientras se refuerzan las capacidades de los actores de este sector
El préstamo de apoyo presupuestario de 90 millones de euros tiene como objetivo contribuir a mejorar la viabilidad económica, social y medioambiental del sector eléctrico boliviano, apoyando la política de transición energética desarrollada por el gobierno boliviano y, sobre todo, una serie de reformas para el desarrollo de energías alternativas y la eficiencia energética en Bolivia.
El programa se articula en torno a los objetivos siguientes:
- Mejorar el marco de análisis del impacto de la transición energética sobre el clima y la situación macroeconómica del país.
- Reforzar el marco institucional para una óptima planificación y una mejor gestión de la producción, transmisión y distribución de electricidad.
- Facilitar la diversificación del mix energético de manera sostenible gracias al desarrollo de energías renovables.
- Fortalecer el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética.
El beneficiario del proyecto es el Estado Plurinacional de Bolivia. La implementación de los compromisos de la matriz y el seguimiento de la cooperación técnica son la responsabilidad del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), en colaboración estrecha con los actores del sector involucrado, particularmente el operador público (ENDE y sus filiales), el administrador de la red (CNDC) y el ente regulador (AETN). La AFD propondrá un diálogo de políticas públicas con base en informes de seguimiento anuales, como parte del SubGrus Energía (grupo de donadores del sector energético).
La contribución de la AFD completa un préstamo presupuestario ya concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 2018. El préstamo de apoyo presupuestario de la AFD va acompañado de un programa de cooperación técnica, financiado en parte gracias a una subvención EU-LAIF de 3 millones de euros otorgados en 2016, y de subvenciones de la misma AFD.
La intervención de la AFD, a través los compromisos definidos en la matriz y el programa de asistencia técnica permitirá:
- El refuerzo de las capacidades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías sobre la transición energética, particularmente en relación con el análisis de su impacto macro-económico y la planificación del sector a largo plazo, creadas el 2017.
- La actualización del marco reglamentario, que hoy en día ya no está adaptado a los nuevos desafíos del sector.
- La elaboración de planes operativos y de estudios que reflejen los objetivos políticos en el programa de inversión, sobre todo para la modernización de la red con miras a una mejor integración de las energías alternativas intermitentes.
- El establecimiento de un mecanismo para el financiamiento sostenible e innovador de sus inversiones.
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