Crisis energética: la sobriedad en el uso de la energía de los edificios públicos ya no es algo opcional

La eficiencia energética es una apuesta: los edificios públicos –hospitales, escuelas, administraciones– son palancas claves para conseguirla. Representan una parte considerable del consumo energético de los Estados, pesan mucho sobre los presupuestos públicos y suelen ser de los más vetustos. De ahí que renovar los edificios públicos contribuya a la vez a la seguridad energética, a la reducción del gasto, a la mejora de las condiciones de acceso a los servicios para la población, y a enviar un mensaje claro sobre lo que puede ser una infraestructura pública moderna.

Argentina, un laboratorio a gran escala

Las orientaciones políticas de los últimos años provocaron un aumento de las facturas, como consecuencia de la reducción de los subsidios a la electricidad, en una tendencia global hacia aumento de las temperaturas. En este contexto, las provincias argentinas de Santa Fe y de Córdoba firmaron con la AFD, en cinco semanas, acuerdos de financiamiento para rehabilitar sus edificios públicos (hospitales, escuelas, aeropuertos), con un objetivo claro: reducir drásticamente su consumo energético y mejorar las condiciones de atención a los usuarios y de trabajo para el personal.

En Santa Fe, el proyecto tiene como objetivo una reducción del 40 % del consumo energético y del 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en los edificios rehabilitados. En Córdoba, se modernizarán de este modo cuatro hospitales públicos de alta complejidad. En ambos casos, las obras mejorarán de manera tangible el confort térmico de los pacientes, de los estudiantes y del personal, y reforzarán la resiliencia de los servicios frente a episodios climáticos extremos.

Estos proyectos cuentan con el financiamiento del programa PEEB Cool, ejecutado conjuntamente por la AFD y la GIZ (la agencia alemana de cooperación internacional para el desarrollo), con el apoyo del Fondo Verde para el Clima. La AFD interviene en el componente de inversión (financiamiento y asistencia técnica a los proyectos) mientras que la GIZ acompaña a las autoridades en el refuerzo de los marcos reglamentarios y de las políticas públicas. Los dos enfoques se refuerzan mutuamente: la política crea las condiciones para la inversión y la inversión demuestra lo que la política puede producir.

Un reflejo que se impone más allá de las fronteras

Argentina no es un caso aislado: mientras la noción de seguridad energética es una prioridad en numerosos Estados, la mejora de la eficiencia energética se impone como una palanca clave, con el PEEB como principal herramienta de la AFD. 

En los Territorios palestinos, el hospital Saint Joseph en Jerusalén Este sigue la misma estrategia, en un contexto mucho más tenso. El proyecto de rehabilitación y de ampliación del hospital, con el apoyo de la AFD y de la Unión Europea a través del programa PEEB Me, incluye medidas ambiciosas de eficiencia energética: aislamiento térmico reforzado, optimización de los sistemas de calefacción, de climatización y de iluminación, y desarrollo de las energías renovables. Se espera así una reducción de cerca de un 60 % del consumo energético del establecimiento. En un territorio donde la continuidad de la atención sanitaria es una cuestión vital, reducir la dependencia energética de un hospital significa también reforzar su resiliencia operativa.

Estos ejemplos tienen en común una convicción clara: la eficiencia energética no es un lujo de tiempos tranquilos. Precisamente en los momentos de crisis –económicas, climáticas, geopolíticas– es cuando se convierte en estratégica. Invertir ahora en edificios públicos eficientes implica arbitrar inteligentemente entre el coste inmediato y los ahorros a largo plazo, entre una dependencia sufrida y una autonomía elegida.