Al integrarse en los tres compromisos principales del grupo AFD, que son “calidad y coherencia 100 % ODS”, “respeto y diálogo”, así como “movilización”, la oferta para una transición energética justa constituye un complemento de la estrategia energética. Propone, cuando sea pertinente, pasar de un apoyo a la transición energética a un apoyo a una transición energética justa.
Un procedimiento de este tipo inicia en la etapa de planeación al impulsar una gobernanza inclusiva. Se deben tomar en cuenta los intereses de todas las partes implicadas (poblaciones vulnerables, sindicatos, sociedad civil, sector privado…). Durante esta fase, se identifican los frenos y factores de éxito de las transformaciones previstas, se califica la naturaleza de los impactos positivos y negativos, y se hace una estimación de su repartición en la sociedad. Sobre esta base, se formulan escenarios y se arbitran de manera que sus efectos sean de máximo provecho para los más vulnerables.
Acto seguido, este análisis se transcribe en políticas públicas voluntaristas y protectoras. Integran una reorientación hacia las energías renovables del gasto público inicialmente relacionado con las energía fósiles, un financiamiento equitativo del esfuerzo nacional, la introducción de mecanismos de protección social y una tarificación asequible a todos.
La AFD propone soluciones financieras ajustadas destinadas al acompañamiento de los trabajadores y hogares afectados por el declive de algunos sectores de producción. Estos financiamientos contribuyen a la emergencia de producciones locales con capacidad para responder a los retos de la transición, asegurar la creación de empleos dignos y el fortalecimiento del tejido industrial en los países socios de la AFD. Este apoyo se basa en una visión global de los territorios impactados, para reconversiones que serán de beneficio para toda la población.