Ecuador

En Ecuador no hay escasez de agua, pero sí existen desigualdades de abastecimiento que son preocupantes: en las zonas rurales, que concentran 40% de la población, apenas 39% de los habitantes tiene acceso al agua potable (contra 87% en áreas urbanas). Sujeta a una gran cantidad de presiones (crecimiento demográfico, urbanización, industria), el agua adolece de una gestión y de una distribución deficientes. Para corregir la “injusticia hídrica”, el gobierno inscribió el “derecho al agua” en la Constitución de 2008.

Con la finalidad de garantizar el acceso al recurso a una mayoría de personas, y de mejorar los servicios de saneamiento, la AFD brinda apoyo al país a través de diferentes acciones.

• Desde 2015, apoyamos el programa nacional Prosaneamiento. Su objetivo: aumentar la tasa de cobertura de los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el territorio.
• Ante el crecimiento demográfico de la capital, financiamos el fortalecimiento del sistema de producción y de distribución de agua potable de Quito. Además, ayudamos a la empresa EPMAPS que tiene a su cargo los servicios de agua potable y de saneamiento del distrito metropolitano. El proyecto también prevé la construcción de una central hidroeléctrica de 7 MW en el río Chalpi.

Mejorar el sistema educativo nacional es prioritario para el Estado ecuatoriano. En ese sentido, la reforma de la educación se ha fijado como meta ampliar el acceso de los alumnos, aumentar su asiduidad y mejorar sus resultados, así como atender mejor las necesidades de educación especializada. 

Para contribuir a cumplir con esos objetivos, la AFD brinda apoyo al programa Escuelas del Milenio que incluye la construcción y la renovación de planteles escolares con todo el equipamiento necesario para recibir, en un mismo lugar, a alumnos de todos los niveles, desde el jardín de niños hasta el bachillerato. 

A través de ese proyecto firmado en 2017, principalmente destinado a zonas rurales y alejadas, la finalidad de la AFD es facilitar la restauración o la reconstrucción de edificios existentes respetando las normas de calidad.

Esos nuevos establecimientos son garantía de una educación pública de calidad: en efecto, se presta especial atención a la formación de los maestros, de los equipos pedagógicos, pero también a la elaboración de soportes educativos. Sin olvidar un eje innovador: la valorización de la cultura indígena.

El terremoto de magnitud 7.8 que afectó a las provincias de Manabí y de Esmeraldas, el 16 de abril de 2016, tuvo importantes consecuencias sociales y económicas en esos territorios: 671 personas desaparecidas, más de 35 000 damnificados y alrededor de 3 000 millones de dólares en daños. Más de 1 000 infraestructuras públicas resultaron afectadas (centro de salud y escuelas), numerosos ecuatorianos quedaron desempleados y no todos han sido realojados todavía. A petición oficial del gobierno ecuatoriano, la AFD organizó una ayuda para atender las consecuencias del sismo mediante dos préstamos:

• 65 millones de dólares transferidos a la Corporación Financiera Nacional (CFN), primer banco público del país. Este préstamo tiene por finalidad apoyar la reconstrucción de viviendas en las zonas de Manabí y de Esmeraldas, así como ayudar al restablecimiento de las actividades productivas, en especial en los sectores del camarón, de la pesca, del turismo, de la industria y de la agricultura.
• Un financiamiento de 35 millones de dólares para la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS). Los fondos contribuirán a financiar las solicitudes de crédito presentadas a través de las cooperativas locales.  Se destinarán a proyectos de reconstrucción o de restauración de viviendas de interés social destruidas o dañadas por el sismo en las zonas de Manabí, Los Ríos, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsáchiles, Las Guayas y Esmeraldas. 
   

El gobierno ecuatoriano ha adoptado una política voluntarista para transformar al sector energético. Su ambición: modificar la matriz energética aumentando la parte que ocupan las energías renovables en la mezcla nacional, lo cual pretende lograr mediante la construcción de centrales hidroeléctricas, la sustitución del gas por la electricidad a nivel del consumo doméstico y la optimización de la red de transporte y de distribución para reducir pérdidas técnicas.

El 30 de julio de 2015, en apoyo a esa estrategia nacional, la AFD atribuyó un préstamo de 100 millones de dólares al Estado ecuatoriano. El objetivo: contribuir al crecimiento económico ecuatoriano mediante la promoción de un sistema de distribución energética más fiable y eficiente. El financiamiento permitirá fortalecer las redes de distribución eléctrica y poner en funcionamiento el Programa de Cocción Eficiente. Este programa busca sustituir las cocinas de gas por aparatos eléctricos de inducción de bajo consumo con la finalidad de disminuir el uso de energías no renovables importadas y favorecer el consumo de energía generada a nivel nacional.

Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, es la ciudad más poblada de Ecuador con 2.3 millones de habitantes, según el censo de 2010.  En 2017, la AFD otorgó un préstamo de 114 millones de dólares a la municipalidad de Guayaquil para realizar un proyecto de teleférico urbano, un modo de transporte de bajo carbono.

El objetivo: contribuir al desarrollo urbano sostenible de la región metropolitana de Guayaquil gracias a ese teleférico que permitirá atravesar el obstáculo natural del río Guayas y romper el aislamiento de la municipalidad de Durán. Para los habitantes de Durán significa una facilidad de acceso a los empleos y servicios del centro de la ciudad.

La AFD respalda la acción de ONG en los sectores agrícola y de la seguridad alimentaria (Agronomes et Vétérinaires sans Frontières), de los derechos humanos (el programa Enfance Sans Barreaux con la BICE) y de inserción económica (Groupe Développement – Acting for Life).

Después del terremoto, la AFD lanzó una convocatoria para atender esta urgencia y hoy apoyamos nuevas iniciativas de ONG:

• El proyecto REACTIV de la ONG Acting for Life, que pretende reactivar la economía local después del terremoto.
• Un proyecto de apoyo a los pequeños productores de cacao orgánico y de comercio justo de la ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.